"...NUESTRA
SOBERANÍA NO SE PONDRÁ EN CUESTIÓN, NI PORQUE LLEGUE UN TURISTA MÁS NI POR UN
CENTAVO MÁS DE INVERSIÓN"
El presidente dominicano Danilo Medina junto al presidente cubano Raúl Castro |
El
presidente Danilo Medina denunció ayer
la existencia de organizaciones y medios de comunicación que parecen querer
conjurar a la República Dominicana debido a los planes migratorios que ha
implementado el Gobierno en beneficio de los extranjeros que residen de manera
irregular en el país.
Al
respecto, el jefe de Estado declaró que la única realidad es que en la
República Dominicana más de 350,000 personas han visto regularizada su
situación y serán dotadas del estatus documental que les corresponde.
Resaltó
que pocos países pueden exhibir un
resultado similar en tan poco tiempo en
materia de migración, al tiempo que sostuvo que “en el
país ni hay, ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas”.
A
continuación, el discurso integro pronunciado por el jefe de Estado ante el
pleno de la XLV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA 2015, que se desarrolla
en Guatemala:
Señoras
y Señores;
Ante
todo, gracias a todos los guatemaltecos por acogernos nuevamente hoy en este
hermoso país. Y gracias, especialmente, a su Presidente Otto Fernando Pérez
Molina.
Cuando
hace unos meses visitamos este país, con motivo de la cumbre entre el SICA y
España, les felicitamos por estar desempeñando una Presidencia Pro Témpore
especialmente activa y dinámica.
En
esta ocasión, volvemos a repetir públicamente esta felicitación. Así como nuestro deseo de que los próximos seis meses,
en los que El Salvador tendrá la Presidencia Pro Tempore de esta organización,
se caractericen por un igual impulso a nuestra agenda de integración.
Porque,
no lo duden, en los próximos años vamos a necesitar de este dinamismo, para
hacer frente a los desafíos que nos plantean la integración comercial, la
seguridad ciudadana o los movimientos migratorios.
Hoy
quiero hablarles de este último aspecto. De las migraciones y de las respuestas
que debemos darle desde los Gobiernos. Es decir, de las políticas de migración
y documentación. Y en concreto de lo que en este campo hemos logrado
recientemente en la República Dominicana.
Quisiera
empezar recordando que, al igual que el resto de países del SICA, la República
Dominicana ha sido durante las últimas décadas un país de emigrantes. Y en
buena medida lo sigue siendo.
Cientos
de miles de dominicanos y dominicanas viven en Estados Unidos y Europa, en muchas
ocasiones manteniendo a sus familias mediante el envío de remesas ganadas
duramente con su trabajo. Esta es una experiencia común en la que se reconocen
millones de centroamericanos. Por eso, en noviembre del año pasado, todos los
presentes seguimos con atención la acción ejecutiva que el Presidente Obama
tomó para arreglar su sistema migratorio, al que en su momento definió como un
sistema roto.
Esta
acción se encuentra actualmente en un impasse debido a resistencias en la
oposición republicana. Pero, si finalmente consiguen arreglar ese sistema roto,
y esperamos que así sea, cientos de miles de nuestros compatriotas
centroamericanos y caribeños podrían vivir y trabajar en el vecino país del
norte con más seguridad y más derechos.
Obviamente,
si a los Estados Unidos, con sus inmensos recursos, la documentación de los
migrantes les supone un reto, es lógico que a nosotros nos lo plantee
igualmente, y mucho más que a ellos.
En
el caso de la República Dominicana, heredamos también un sistema que nos mantuvo
durante décadas en una situación de debilidad administrativa. Y que había
dejado a grupos enteros, de población, tanto nacionales como migrantes, en
situación de indocumentación y vulnerabilidad. Para poner fin a esta situación,
decidimos tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país
con una documentación acorde a su situación. Ya sean dominicanos, extranjeros
en situación regular, o irregular.
Dos
fueron los principios fundamentales que nos guiaron en esta iniciativa: el estricto
respeto a las leyes dominicanas y la protección de los derechos humanos de las
personas. Y dos fueron también los mecanismos legales de los que nos dotamos:
la Ley Especial 169-14 y el Plan Nacional de Regularización. La Ley Especial
169-14 establece dos grandes grupos de personas beneficiarias que se
denominaron Grupo A y Grupo B, de acuerdo a su estatus documental.
El
Grupo A corresponde a personas nacidas en la República Dominicana, hijos de
ambos padres extranjeros en situación irregular y que cuentan con algún tipo de
documento expedido por nuestro Estado acreditándoles como nacionales. Gracias a
la ley, 55,000 personas en esta situación han visto reconocida su documentación
por la Junta Central Electoral y con ella, su ciudadanía dominicana.
El
Grupo B está conformado por hijos de padres extranjeros en situación migratoria
irregular nacidos en República Dominicana y que no contaban con ninguna
documentación. Las 8,755 personas que en virtud de la ley solicitaron su
registro en el Libro de Extranjería podrán acceder al proceso de naturalización
en un plazo de dos años.
En
cuanto al Plan Nacional de Regularización, esta iniciativa especial buscaba
corregir situaciones migratorias de las personas que estaban en el país de
manera irregular. Al cierre del plazo, 288,486 personas solicitaron su
regularización en alguno de los 24 centros de atención que abrimos en todo el
territorio y están hoy en proceso de recibir el estatus que ameritan.
Merece
la pena señalar que, durante el tiempo que estuvo en vigor el Plan, que fue de
18 meses, las deportaciones se suspendieron. Y que se llevó a cabo una campaña
de comunicación e información para dar a conocer estas iniciativas a todos los
posibles beneficiarios, además de ofrecer orientación, apoyo en las comunidades
y de ofrecer un trabajo totalmente gratuito.
De
la misma manera, para facilitar el acceso a los interesados el gobierno
incorporó instituciones y organismos con experiencia en la materia, ACNUR, la
Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF, la Unión Europea, el
PNUD y la Mesa Nacional para las Migraciones, entre otras.
Como
quizá sepan, durante los últimos meses, algunos medios de comunicación
internacionales y algunas organizaciones, han repetido la teoría de que más de
200,000 personas habrían quedado en situación de apatridia y estarían en
peligro de ser expulsados de la República Dominicana.
Esto
es completamente falso. Y como no queremos pensar que es un falsedad
malintencionada, sino que se trata de un error, vamos a examinar por un momento
donde tiene su origen este error en las cifras y cuál es la realidad.
Quienes
originalmente plantearon estas cifras tomaron como base los datos de la
Encuesta Nacional de Inmigrantes del año 2012, elaborada por la Oficina
Nacional de Estadísticas, con la colaboración de las Naciones Unidas. Según la
Encuesta, teníamos en el momento 244 mil 151 personas hijas de extranjeros. De
esta información, sin embargo, no podemos deducir nada sobre el estatus
documental ni migratorio de estas personas, mucho menos su situación de
apatridia.
Ocurre
que de ese total, 105 mil 381 tienen por lo menos un padre dominicano, por lo
tanto les corresponde la nacionalidad dominicana de pleno derecho según nuestra
Constitución. Dicho de otra forma,
sabemos ya que no son apátridas. El resto, 138 mil 770 son hijos con
ambos padres extranjeros, pero no por eso apátridas.
Para
empezar porque, de este grupo, 20 mil 213 de esos, dicen poseer un documento de
identidad extranjero y 16 mil 556 dicen poseer documento extranjero y
dominicano. Podemos decir con certeza, que estas 36,769 personas tienen su situación
en cuanto a nacionalidad resuelta, incluso doblemente resuelta.
La
cifra de potenciales “apátridas” se habría reducido entonces a 100,000 personas
aproximadamente. Sin embargo, entre esos están las 55,000 personas del Grupo A
y sus descendientes, así como los 8,775 del grupo B que, como expliqué, han
visto su nacionalidad reconocida por la Junta Central Electoral.
Es
el caso, por ejemplo, de la señora Juliana Deguis y de sus cuatro hijos, que
hasta hace poco no habían sido registrados por la situación de indefinición
documental de su madre, pero que ya lo están. Es fácil deducir que los 100,000
restantes, de acuerdo a la encuesta, son esta población y que su problemática también ha sido
resuelta. Es decir, tampoco están en situación de apatridia ni en peligro de
ser expulsados del país.
En
definitiva, seamos claros: en la República Dominicana el número de casos de
apatridia es cero. Esa es la realidad, y puede ser constatada por los
organismos de Naciones Unidas especializados en la materia con presencia en el
país.
Por
supuesto, como cualquier Estado, no somos infalibles y podemos cometer errores.
Si eso llegara a ocurrir y alguien presentara un caso de apatridia a nuestro
gobierno debidamente documentado, no les quepa duda de que le daremos la debida
solución.
Nuestro
ordenamiento jurídico cuenta con los mecanismos para que así sea. Pero hasta el
día de hoy eso no se ha producido ni mucho menos hemos posibilitado una
política de Estado para propiciar nada semejante, como algunos se han atrevido
a insinuar. Por tanto, quiero ser muy enfático en esto, no permitiremos que se siga hablando en esos
términos de nuestro país con total impunidad.
Entiendo
que esta es una realidad compleja, con distintas figuras legales, diversos
grupos de población y varias cifras. Es una realidad quizá menos mediática, ya
que no se presta a grandes titulares alarmistas, ni a una narrativa
prefabricada de perseguidores y perseguidos.
Es
una realidad que exige de análisis, investigación, rigor y honestidad. Y esas
son precisamente las virtudes que se le suponen a la labor periodística. A la
prensa internacional, por tanto, le invitamos a ejercerlas en la República
Dominicana.
El
17 de junio finalizó el plazo de inscripción en el Plan Nacional de
Regularización. Y con su finalización, a pesar de lo que muchos parecían
esperar, no se produjo ninguna catástrofe humanitaria, ni se inició ninguna
caza de brujas. Sencillamente, lo único que ocurrió es que volvió a entrar en
vigor nuestra legislación habitual en materia de migración. Ni más, ni menos.
Pero,
más allá de las especulaciones, considero que tras un esfuerzo colectivo como
este, es importante hacer un balance justo de lo que se ha logrado. Y no
podemos permitir que el debate quede exclusivamente en manos de los sectores
más polarizados. Porque hay algunas organizaciones y medios de comunicación que
parecen querer conjurar en la República Dominicana de hoy actual los miedos de
otras épocas u otras latitudes. Dicen
hablar desde el humanitarismo pero, por desgracia, lo hacen también desde el
desconocimiento de los acontecimientos sobre el terreno.
Sin
embargo, por encima de las opiniones y los discursos de uno y otro signo están
los hechos irrefutables que, como Jefe de Estado, quiero reivindicar.
La
realidad es que, en la República Dominicana, más de 350,000 personas han visto
regularizada su situación y serán dotadas del estatus documental que les
corresponde. Para los que se acogieron al plan de regularización este será la
residencia legal. Para los que se beneficiaron de la ley 169-14, será la
nacionalidad. Debo decir que pocos
países pueden exhibir un resultado similar en tan poco tiempo en esta materia.
La
realidad es, también, que en nuestro país ni hay, ni habrá deportaciones
indiscriminadas o colectivas. No las ha habido desde que llegó la democracia,
no las necesitamos, y por supuesto, no las habrá en el futuro. Se aplicará la
ley, sí, individualmente, con garantías, y dando facilidades para el retorno voluntario, al que ya se han
acogido decenas de miles de personas que no cumplían los requisitos del Plan.
Esa es la realidad de un Estado de Derecho.
La
realidad es que en la República Dominicana no se han registrado casos de
apatridia, por más que algunos quieran seguir inventándolos. Como les decía, el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, no ha constatado
ninguno y, precisamente para eliminar el peligro de que se dieran, votamos la
ley 169-14 y la aplicamos con éxito. La realidad, en definitiva, es que en
2015, en nuestro país, cientos de miles de personas tendrán una documentación y
unos derechos que en 2013 no tenían.
¡Y
este ha sido, no lo duden, un gran avance para los derechos humanos en la
región! Un éxito que solo fue posible gracias a los valores sobre los que
estamos construyendo la República Dominicana. Un país justo, solidario, donde
los derechos se respetan y donde las leyes se cumplen.
Dicho
esto, quiero enfatizar también que nuestro país tiene el derecho soberano de
regularizar los flujos migratorios de acuerdo a las leyes que nos rigen, igual
que lo tienen y lo ejercen países como Estados Unidos o los miembros de la
Unión Europea. Por tanto, no vamos a permitir que continúe esta campaña sucia y
de descrédito que hace oídos sordos a todas las garantías que hemos establecido
para proteger a las personas y se prefiere anunciar una crisis humanitaria
inexistente. Tampoco vamos a plegarnos a las falsas acusaciones de racismo o
xenofobia, que carecen completamente de fundamento en un país caracterizado por
el mestizaje desde hace siglos.
No
aceptaremos ese chantaje que nos amenaza con sanciones internacionales
basándose en acusaciones que son absolutamente falsas. La República Dominicana
es un país abierto al mundo, que no olvida los sacrificios de sus hermanos en
el exterior y que valora de la misma forma las aportaciones de todos aquellos
que llegan a nuestra tierra. El primer destino turístico del Caribe y también
el país que más inversión extranjera ha recibido en los últimos años,
precisamente por la acogida que damos a las personas y por la seguridad
jurídica que ofrecemos a los empresarios.
Sin
embargo, pueden estar seguros de que nuestra soberanía no se pondrá en
cuestión, ni porque llegue un turista más, ni por un centavo más de inversión. Aquellos
que prefieran creen lo que les dicen otros, alimentar prejuicios y vivir en el
engaño, son libres de hacerlo, pero no cuenten con nosotros para seguirles el
juego. Aquellos que quieran venir a nuestro territorio y comprobar con sus
propios ojos la realidad de nuestro país, la bondad de nuestra gente y las
oportunidades que ofrecemos, son bienvenidos, como siempre lo han sido.
Muchas
gracias, a todos los presentes, por permitirme informarles de estos asuntos de
gran importancia para nuestro país, y que me consta encuentran un eco de
reconocimiento en el conjunto de los países del SICA.
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