En
su edición del pasado 19 de junio, The New York Times informaba que los temores
y vaticinios acerca de una deportación masiva
de migrantes haitianos indocumentados en la República Dominicana, se habían disipado, luego de la culminación del
plazo para su regularización.
Pero
con anterioridad no había sido así. En los días previos a la culminación de
ese plazo, diversas organizaciones
internacionales, personalidades y medios de comunicación, habían contribuido
con presentar a la población dominicana como racista, xenófoba y
discriminatoria.
El
Washington Post, por ejemplo, se refirió
a los orígenes sangrientos de la ®limpieza étnica® que se estaría llevando a
cabo en la República Dominicana. Esos orígenes se encontrarían, presuntamente,
en la matanza ordenada por Trujillo en el 1937, perdiéndose la perspectiva de
que la dictadura trujillista no puede ser confundida con el pueblo dominicano,
y que éste no sólo asesinaba haitianos,
sino también dominicanos.
El
alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se trasladó a Washington
Heights, el corazón mismo de donde vive la mayoría de los dominicanos en esa
gran urbe, para desde allí sostener que las acciones del gobierno dominicano
con respecto a la migración haitiana eran ilegales, inmorales y racistas.
En
sus propias palabras, pronunciadas estratégicamente frente al Memorial y Centro
Educativo Malcom X y Dra. Betty Shabazz, dos símbolos estadounidenses de la
lucha contra el racismo, manifestó que ®eso está sucediendo porque esas
personas son de raza negra.
En
España, el periódico El País sostuvo que ®si no fuera por su dimensión trágica
y real, podría pensarse que se trataba de una mediocre parodia fascista. De
igual forma, otras publicaciones nos tildaban de promover el genocidio civil,
la discriminación racial, la
desnacionalización masiva y la negrofobia.
No
nos faltaban epítetos. Sin embargo, lo cierto es que ese discurso fue
construido sobre la base de mitos y confusiones que surgieron a partir de la
sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional;
y de la Ley 169-14, sobre Regularización de Extranjeros.
((Desnacionalización
El
primer mito brota de la afirmación de que cientos de miles de personas habían
sido despojadas de su nacionalidad dominicana. Esto así, como consecuencia de
la decisión judicial de revisar los libros del registro civil, desde 1929, para
determinar las personas que habiendo nacido en territorio dominicano, habían
sido inscritas de manera irregular por las autoridades del registro civil.
Luego
de un levantamiento de esos libros, la Junta Central Electoral precisó que los
casos de extranjeros que habían registrado a sus hijos, sin que legalmente les
correspondiera, ascendía a 24 mil 392.
La
preocupación, sin embargo, de que esas
personas iban a ser despojadas de la condición de dominicanos fue resuelta a través de la Ley 169-14, que
les reconoció su nacionalidad a través de un procedimiento expedito, en una
primera etapa, que terminó el 30 de enero de este año.
Así,
el drama humano y potencial limbo jurídico que hubiese creado el
desconocimiento del status de esas personas fue evitado. Se garantizó su
derecho a la personalidad, y al mismo tiempo, logró enmendarse el error en la
inscripción de hijos de extranjeros no residentes legales en el registro civil.
Por
ende, el argumento del despojo de la nacionalidad a individuos que tenían
generaciones viviendo en nuestro país, quedó solucionado ante la posibilidad de
recibir la documentación adecuada a través de este proceso.
((Discriminación
y racismo
Un
segundo mito apunta hacia el hecho de que el Plan de Regularización de
Extranjeros es discriminatorio y racista en su naturaleza.
Nada
más incierto. El argumento, sin embargo, se tejió en relación a los dos grupos
que existen con respecto a la regularización de personas que nunca han sido
inscritas en nuestro registro civil.
El
primero es el de aquellas que habiendo
nacido en territorio dominicano, pero de padres extranjeros, sin residencia
legal, jamás fueron inscritos o recibieron acta de nacimiento.
El
segundo grupo está compuesto por extranjeros, los cuales, habiendo nacido en
otro territorio, dejaron atrás sus países de origen para establecerse en la
República Dominicana, sin cumplir con el procedimiento de fijación de
residencia.
Sin
existir una obligación para hacerlo, el Estado dominicano, no obstante, creó
las posibilidades para que esos dos
grupos pudieran obtener la condición de
residentes legales en la República Dominicana. Los requisitos exigidos para
tales fines eran los mismos para todos los extranjeros, lo que pone de
manifiesto el carácter no discriminatorio del Plan de Regularización.
Un
total de 288 mil personas se inscribió, un 30 por ciento más de lo esperado,
según Cy Winter, jefe de misión de la Organización Internacional de las Migraciones.
Esa,
por supuesto, es la prueba más evidente de que hubo una respuesta masiva, y un
procedimiento adecuado, para que, por vez primera en la República Dominicana, un número importante de
personas indocumentadas, pudiesen regularizar su status migratorio.
((Deportaciones
masivas
Un
tercer mito que ha emanado de todo este proceso de regularización, es el que se
refiere, como hemos visto, al anuncio de deportaciones masivas, aún antes de
que el plan hubiese llegado a su plazo de vencimiento.
Es
normal, luego de un proceso como el que ha culminado, que aquellas personas que
no aplicaron al plan, o que no pudieron probar sus vínculos con el país, sean
repatriados a sus respectivos países de origen.
Sin
embargo, tampoco es la tragedia apocalíptica que se ha querido presentar. El
Estado dominicano, como cualquier Estado en el mundo, tiene la obligación de
mantener estándares de protección de derechos humanos durante esas
repatriaciones. Los casos tendrían que conocerse de manera individual, y tendrían
que ser examinados y resueltos conforme a sus propios méritos.
Las
repatriaciones sumarias en masa son contrarias al orden internacional, y la
República Dominicana, conforme lo establece nuestra Carta Magna, asume los
valores y principios de las normas internacionales y de respeto a los derechos
humanos.
Por
tanto, nuestro país jamás incurriría en la práctica de realizar deportaciones
masivas, en forma sumaria. Más aún, a pesar de que existe un protocolo de
deportaciones entre República Dominicana y Haití, ambos Estados se encuentran
en estos momentos en un proceso de negociación para introducirle varios cambios
que confieran mayores garantías.
((Diseñado
para fallar
Un
cuarto mito esgrimido por organizaciones no gubernamentales y en medios
internacionales, es que el Plan de Regularización fue diseñado para que
fracasara.
Eso,
por supuesto, tampoco es cierto. Hubo, desde el principio, un interés genuino
por parte de nuestras autoridades en crear los mecanismos adecuados de solución a un problema que ha gravitado
durante muchos años en nuestra sociedad.
Se
expresaron preocupaciones por los requisitos exigidos, por el tiempo de
vigencia y por el costo de algunos de los documentos solicitados para la
aplicación del plan.
Una
flexibilidad en el cumplimiento de los
requisitos crearía una ola de traslados al país a los fines de acogerse al
plan, sin garantía alguna de haber cumplido con la obligación de
estancia en el territorio nacional antes del 2011.
En
lo que se refiere a la extensión del plazo, este permaneció abierto durante 18
meses. Un año y seis meses es un plazo razonable para obtener documentos que
avalen la presencia en la República Dominicana.
En
fin, aunque diversas organizaciones y medios internacionales se prepararon,
para al término del plazo de vencimiento del Plan de Regularización, organizar
una campaña de descrédito contra nuestro país, lo cierto es que sus propósitos,
una vez más, no se fundamentaban más que en mitos y en falacias.
No
es cierto que como resultado de la aplicación del referido plan, haya habido un
despojo masivo de la nacionalidad dominicana;
que haya ciudadanos apátridas en nuestro territorio; que haya habido
prácticas racistas y discriminatorias;
una limpieza étnica o un genocidio civil; o, que hayamos instalado un sistema de apartheid
o de estimulo a la negrofobia.
Nada
de eso es cierto. Lo único que ha ocurrido es que los plazos para acogerse al
plan han expirado. Y aún así, aquellos
que no se sometieron a sus condiciones
todavía tienen la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento
ordinario de obtención de visado y residencia en la República Dominicana.
Lo demás
no ha sido más que un intento por degradarnos y desprestigiarnos ante la
comunidad internacional, que como pueblo generoso y solidario, no merecemos.
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